miércoles, julio 19

Aragón aprueba la Ley de Memoria Democrática

Incluye solicitar al Gobierno español la derogación, total o parcial, de la Ley de Amnistía de 1977 en los casos en los que ampare la impunidad, sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en las infracciones muy graves por simbología o exaltación del franquismo y medidas para realizar políticas activas en materia de exhumaciones, de acceso a la información y generación de conocimiento

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes 18 de julio, día en que se cumplió el 81 aniversario del golpe fascista contra la II República española y el inicio de la Guerra Civil, el proyecto de Ley de Memoria Democrática basado en los principios de verdad, justicia y reparación y que incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en las infracciones muy graves por simbología o exaltación del franquismo.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de ley con la previsión de remitirlo a los Cortes de Aragón de manera inmediata y la expectativa de que el parlamento lo apruebe antes de que acabe 2017, en coincidencia con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica estatal.

“Ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo”, ha destacado como “leitmotiv” de la ley el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que el texto está basado en los principios de verdad, justicia y reparación.

El proyecto de ley entiende que las instituciones de Aragón deben asumir su responsabilidad en el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho de las y los familiares de las víctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas de encontrarlas e identificarlas.

Derogar la Ley de Amnistía de 1977

Guillén ha precisado que el proyecto de ley, en el que han participado las asociaciones memorialistas, incluye como aspecto más “valiente” y “delicado” respecto a la estatal la realización de trabajos que conduzcan a solicitar al Gobierno español la derogación, total o parcial, de la Ley de Amnistía de 1977 en los casos en los que ampare la impunidad.

También una regulación mejor de la figura de la desaparición forzosa, como estipulan los organismos de Derecho Internacional, o la tipificación como delito de las formas que atenten contra la dignidad de las víctimas.

Además, atendiendo a la demanda de “justicia” de las víctimas, el Gobierno de Aragón reclamará al español que actúe para la anulación de los juicios franquistas para la plena reparación de los juzgados hacia sentencias emitidas por órganos ilegítimos de justicia.

También se amplía el periodo que abarca la ley, en el caso de la aragonesa entre 1931 y 1978 mientras que la estatal se circunscribe al periodo 1939-1978, y la consideración de víctima, teniendo en cuenta el género en todas las actuaciones vinculadas a la gestión de la memoria y el reconocimiento a las personas fallecidas en los campos de concentración nazis en Europa.

Políticas activas de exhumaciones

Siguiendo el criterio de “verdad”, la ley arbitra medidas para realizar políticas activas en materia de exhumaciones, de acceso a la información y generación de conocimiento, con la creación de un Censo de Memoria Democrática y de un centro y un fondo de investigación en colaboración con las entidades académicas, así como una web como instrumento de comunicación de las políticas públicas en este ámbito.

Para la reparación, plantea un reconocimiento de víctimas plural, con énfasis en colectivos poco visibilizados, como las mujeres como mano de obra forzada, exiliados políticos o niños y niñas recién nacidos “sustraídos” y entregados ilegalmente a otras personas, así como a las víctimas de los campos de concentración franquistas.

La ley establece la celebración del Día de la Memoria Democrática el 3 de marzo, en coincidencia con el bombardeo de la aviación italiana sobre la ciudad de Alcanyiz en 1938 y que causó más de quinientos muertos como un “símbolo del sufrimiento de la población civil”, ha apuntado el consejero.

Además, el texto aborda los lugares y rutas vinculados a la Memoria Democrática de Aragón, con el establecimiento del grado de protección pertinente adecuando su gestión a la legislación de Patrimonio Cultural de Aragón.

Símbolos y sanciones

Respecto a las exhumaciones, se prevé una actualización del mapa de fosas, la aprobación de un Reglamento que contendrá un Protocolo de Exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo y se creará un Depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las Administraciones Públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y víctimas.

También se hará un censo de símbolos franquistas, con obligación de su retirada de los espacios públicos de placas, escudos o insignias alusivas a la Guerra Civil y el franquismo, y se revocarán los acuerdos de cualquier distinción o título honorífico o exaltación de las personas vinculadas al régimen franquista.

Y desde la máxima de no repetición, se prevé la revisión, en el ámbito educativo, de contenidos del currículo y un impulso a las actividades de sensibilización.

La ley incluye un régimen sancionador de las acciones contra la ley, de 200 a 2.000 euros las leves, de 2.001 a 10.000 las graves y de 10.001 hasta 150.000 las muy graves. Además, las administraciones locales que no retiren los símbolos franquistas no tendrán derecho a recibir subvenciones.

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