El actual equipo de gobierno de Zaragoza, se da golpecitos en la espalda asumiendo felices que han abonado la deuda contraída por anteriores gobiernos municipales con los servicios públicos, olvidan matizar que Zaragoza es un continuo socavón en el asfalto y que el autobús no ha tenido mejora alguna en frecuencias, recorridos o líneas, ademas de empeorar muy sensiblemente en cuanto a mantenimiento de la flota.
Según la edición digital de 20minutos, el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) ha saldado en dos años y medio los 64,7 millones de euros de deuda contraída en anteriores mandatos con las contratas de los servicios públicos debido a la infradotación de las partidas y a los intereses de demora generados.
En rueda de prensa conjunta con el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, Rivarés ha explicado que había deudas en áreas como la recogida de residuos, la limpieza pública, el suministro de agua, luz, transporte, el plan de choque contra la crisis o el control de los pabellones deportivos.
"En anteriores gobiernos ocurrían cosas como que en junio se acababa el dinero de pagar el agua, las emergencias sociales o el autobús, pero ahora se está a cero en deudas porque no hay infradotaciones y cada partida se ha subido un poco más para permitir absorber esta deuda que se ha saldado en dos años y medio", ha resumido Rivarés.
Del total de la deuda saldada, ha desglosado los 33,5 millones de euros en 2016 y en 2017 el resto. También ha dicho que se han pagado otros 97 millones de euros en sentencias judiciales e intereses de demora, que han sido 10 millones, "que se podía haber ahorrado la ciudad si se hubiera pagado en tiempo".
Rivarés ha aseverado que se han realizado todos estos abonos "sin menoscabo del servicio público y, además, aumentado la calidad de la prestación", ha remachado.
Ahorro y buena gestión
Por su parte, Alberto Cubero ha manifestado que "esta buena gestión que supondrá un ahorro se ha hecho en paralelo a la mejora del servicio mediante la inspección de los contratos" tras la creación de la Oficina de Inspección que permite que todos los contratos estén fiscalizados y controlados.
Esta supervisión ha permitido aumentar la inversión en servicios públicos, que en algunos supera la dotación anterior a la crisis económica como los 2 millones de euros más que hay en la contrata de parques y jardines y los 4 millones en limpieza, ha expuesto.
Cubero ha aportado el dato de que solo a la empresa FCC ha habido que abonarle 5 millones de euros por intereses de demora de certificaciones que no se había pagado en el anterior mandato.
No obstante, ha lamentado que no haya esa reciprocidad por la parte empresarial. "Todavía no hemos recibido los datos de FCC para el desglose de la certificación de enero que se solicitó hace meses, pero mientras tanto han recurrido el pliego de condiciones de la nueva licitación".
Rivarés ha contado que estos millones se han pagado mediante modificaciones de crédito y "renunciando a los fastos para poner en primera línea de interés a los servicios públicos".
Pagar pronto
Como ejemplo ha dicho que ante los 35,7 millones de euros que cuesta el servicio básico del autobús, sin contar los barrios rurales, ha habido años que había 24 o 25 millones y esas partidas insuficientes se acumulaban como deuda y ahora se han saldado mediante modificación de crédito.
También se ha recaudado más de impuestos a las grandes firmas y se ha seguido la máxima de que los esfuerzos se dirigieran a los servicios sociales, "renunciado al despilfarro y a la infradotación", ha reiterado.
Tras señalar que se trata de "repartir el dinero en lo importante para la ciudad y no acudir a los fastos ni al gasto superfluo", ha indicado que la supresión de la navegación fluvial ha supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros, las fiestas del Pilar han costado 400.000 euros y el otro millón de euros se ha sacado de la colaboración público social, patrocinios y gestión.
"Se ahorra lo pagado pronto porque cuanto más tarde se paga más deuda se genera", ha enfatizado Rivarés.
En este contexto, Cubero ha comentado que en FCC limpieza la certificación mensual es de 900.000 euros sobre el millón de euros anterior y además "la inspección también controla las bajas laborales por las que se descuenta unos 200.000 euros anuales, las facturas han sido menores y ha permitido poner al día los servicios".
"Ahora nos podemos sentar a negociar de tu a tu con la empresa porque el ayuntamiento no le debe nada y eso es más autonomía municipal frente a estas grandes empresas", ha zanjado.
El PP pide consenso al equipo de gobierno en el plan de movilidad
Tras establecer la categoría del debate, Azcón ha indicado que le preguntará al alcalde si quiere el consenso o aprobar de forma unilateral y mediante la confrontación el Plan de movilidad. Ha recordado que en anteriores ocasiones se ha hecho por consenso, como en tiempos del alcalde José Atarés cuando se aprobó en 2002 el PGOU que sigue vigente.
En rueda de prensa, Azcón ha contado que el diagnóstico sobre movilidad dice que la ciudad es más contaminante que hace diez años, algo que, a su entender, es difícil de explicar cuando ha habido tantos avances en la tecnología del vehículo privado.
El diagnóstico también dice que el transporte público "no cumple con las expectativas y no lo utiliza tanta gente como se decía, además es ineficaz en intermodalidad", ha observado.
Con este escenario el PP pondrá ideas con el autobús como eje de la movilidad porque es el medio de transporte más utilizado. "Es imprescindible y urgente la revisión de las líneas de autobús, que no se ha hecho con ambición desde la llegada del tranvía y por eso los ciudadanos sufren con el transporte", ha dicho.
"No hay intermodalidad"
Otro aspecto sobre el que ha incidido es ver la compatibilidad de la línea 2 del tranvía, que es rígida, con la nueva movilidad que viene que es eléctrica autónoma y a demanda, algo que ha cuestionado porque "no hay modelo financiero para pagar la segunda línea de este medio de transporte de alta capacidad. Además el Gobierno de Aragón no ha pagado la línea 1 y tampoco hay demanda para la línea 2", ha resumido.
A su parecer las líneas de autobús no están integradas con el tranvía, ni el cercanías y por tanto la movilidad "no es intermodal", ha zanjado. También se ha referido a las carencias tecnológicas de la movilidad al apostar el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) por autobuses híbridos, que contaminan, frente a los eléctricos. "Es anticuado, más sucio y es más caro", ha enumerado.
En cuanto a la prioridad semafórica del autobús ha dicho que no hay ni un solo proyecto, pero ha aplaudido que el Gobierno de ZEC haya reconocido la necesidad de la gratuidad en el transporte público para menores de 7 años.
Azcón ha reclamado conocer si el equipo de gobierno "está dispuesto a cambiar el chip" al argumentar que el PP quiere un debate propositivo y serio" y ha confiado en que Santisteve hable de movilidad y transporte "no de kiwis ni troika" como en el anterior pleno.
Ha agregado que el PP está dispuesto al consenso, pero el que debe liderar el debate es el alcalde y "romper con la actual política de movilidad y empezar a construir un consenso de cara a futuro".
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