No es la primera vez. No será la última si nadie pone coto a esta dinámica. Llevamos años denunciando el estado de la flota, la falta de mantenimiento preventivo serio, la saturación de rutas con vehículos obsoletos y la ausencia absoluta de un plan de contingencia mínimamente viable. Y, sin embargo, el responsable de operaciones y gerente de mantenimiento siguen en su puesto como si el tiempo y los informes técnicos no existieran. Años al frente de la coordinación diaria, años repitiendo los mismos errores, la misma inacción y las mismas excusas. Nos resulta imposible no concluir que su permanencia no responde únicamente a incompetencia, sino a un propósito claro: boicotear desde dentro la eficacia del servicio. Cuando un directivo acumula años sin mejorar indicadores, sin renovar criterios de mantenimiento y sin rendir cuentas reales, deja de ser un gestor para convertirse en un lastre activo. La ciudadanía merece respuestas, no manuales de excusas recicladas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en la concesionaria. El Ayuntamiento de Zaragoza, y en especial su responsable de movilidad, Tatiana Gaudes, ostentan una corresponsabilidad flagrante. Permitir que una empresa incumpla sistemáticamente sus obligaciones contractuales sin aplicar penalizaciones efectivas, sin exigir planes de choque reales ni auditar de forma independiente el estado de la flota, es sinónimo de negligencia institucional. La ineptitud en la gestión se vuelve política cuando se normaliza el desmantelamiento paulatino de un servicio esencial. No podemos seguir tolerando que la movilidad se convierta en un favor que la empresa otorga cuando le conviene, mientras la administración mira hacia otro lado y se limita a publicar notas de prensa tranquilizadoras que no reflejan la realidad de las calles.
Desde SATTRA exigimos: la reprobación inmediata del responsable de operaciones y gerente de mantenimiento de Avanza por su reiterada y mala praxis demostrable; una auditoría técnica independiente de toda la flota con plazos de renovación vinculantes y públicos; la aplicación efectiva de las penalizaciones contractuales previstas por incumplimiento de servicio; y la comparecencia urgente de la responsable de movilidad, Tatiana Gaudes, ante la comisión correspondiente para explicar por qué se tolera este abandono institucionalizado. No aceptaremos más que el calor, el desgaste y la frustración recaigan sobre los usuarios y los trabajadores. El transporte público es un derecho fundamental, no un negocio gestionado a golpe de improvisación y remiendos. Si la empresa y el Ayuntamiento no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones, los conductores y la ciudadanía debemos tomar las medidas legales y movilizadoras que consideremos necesarias para defender un servicio digno, seguro y continuo.
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