martes, junio 17

Reunión Tatiana Gaudes, consejera de movilidad 17 de junio

La reunión mantenida este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza con la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes Lalmolda, no deja de ser un trámite más dentro de una dinámica institucional que, lejos de resolver los graves problemas del transporte público y sus trabajadores, parece más bien alimentar una ilusión de gestión responsable. Tras escuchar las palabras protocolarias y el tono conciliador de la consejera, queda claro que estamos ante una administración que responde más a intereses políticos y contractuales que al bienestar colectivo de los ciudadanos y los empleados del sector.

Desde el minuto uno se percibe una cierta desconexión entre lo que sucede en la calle —en el taller, en la cabina del conductor— y lo que se dice sentado tras una mesa de reuniones. La frialdad con la que se recibe la noticia de que casi cincuenta autobuses estuvieron fuera de servicio el pasado martes 10 de junio,  por averías causadas por la falta de previsión es inadmisible. Se menciona como “anécdota” que en la línea 41 solo funcionara uno de sus 5 vehículos, cuando eso debería haber sido un escándalo mayor. ¿Cómo puede normalizarse que la flota pública de autobuses colapse por algo tan inevitable como un aumento de temperatura? Ciudades como Sevilla o Málaga, acostumbradas a veranos extremos, no sufren situaciones similares. Aquí, sin embargo, parece que no se aprende ni se prevé. Y eso tiene nombre y apellidos: negligencia.

Pero si el colapso técnico del sistema resulta grave, mucho peor es el tratamiento hacia los trabajadores. Obligar a los empleados de Avanza Zaragoza a permanecer bajo el sol extremo, sin medidas de protección, en lugares no habilitados y sin equipos de seguridad (EPIS), no solo es un atentado contra la dignidad laboral, sino un craso incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. El hecho de que haya sido nuestro delegado de prevención quien haya tenido que frenar esta situación denuncia un vacío absoluto de responsabilidad por parte de la empresa y de quienes deben velar por el cumplimiento de la normativa. Que esto ocurre y nadie actúe preventivamente es un fracaso institucional. Y por descontado que ya lo hemos denunciado.

No menos preocupante es que los delegados sindicales en aspectos tan sensibles como simulacros de emergencia en autobuses eléctricos, fueran excluidos por Avanza, así como que no haya reuniones de prevención de riesgos laborales o igualdad. Excluir a quienes representan a los trabajadores de estos ejercicios es una muestra evidente de desprecio hacia la participación real y la transparencia. Si sumamos a esto la práctica habitual de amonestar a conductores que rechazan circular con vehículos defectuosos, el panorama se vuelve francamente tenebroso. No hay ética ni garantía en una empresa que castiga a quien prioriza la seguridad sobre la producción.

En cuanto a la pregunta del estado del convenio colectivo, poco más que añadir. Las negociaciones son pura fachada. Cualquier intento de diálogo se estrella contra un muro de negativas absolutas, sin contrapropuestas, sin cifras, sin voluntad real de avanzar. En lugar de negociar, se nos ofrecen promesas vagas y plazos imprecisos, mientras se juega con la posibilidad de retrasar los pliegos de licitación para dar una falsa sensación de margen de maniobra. Pero ¿realmente creemos que esto afectará a Avanza? ¿Acaso no tienen ya asegurado el contrato? Todo parece indicar que esta demora solo sirve para ganar tiempo, no para mejorar las condiciones.

Valoración final


Esta reunión, aunque necesaria, no ha servido para nada sustancial. Hemos asistido a un ejercicio retórico donde las buenas palabras no han ido acompañadas de compromiso real. Los problemas siguen ahí, agobiando a trabajadores y usuarios. Mientras tanto, la Consejería sigue actuando como un mediador pasivo, incapaz o remiso a exigir responsabilidades. Lo ocurrido el martes pasado no fue un accidente climatológico, fue el resultado de una política de dejadez y abandono que, tarde o temprano, termina pasando factura.

Hasta que no haya verdadera voluntad política por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de exigir a la empresa el cumplimiento de mínimos éticos, técnicos y laborales, seguiremos asistiendo a estas mismas reuniones, repitiendo los mismos argumentos, con los mismos resultados: frustrantes.

Y mientras tanto, los trabajadores seguirán expuestos al sol, los autobuses seguirán averiándose y los vecinos de Zaragoza seguirán perdiendo la confianza en un sistema que debería estar al servicio de todos, pero que hoy día solo sirve a intereses particulares.

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