Como parte de nuestra labor de defensa intransigente de los derechos laborales, se interpuso formalmente denuncia contra las graves ilegalidades cometidas durante el proceso de negociación y firma del nuevo convenio colectivo. Se trata de un documento que, lejos de reflejar un acuerdo legítimo, fue impuesto por una minoría de “firma fácil” y con total desprecio al mandato de las trabajadoras y trabajadores.
La semana pasada tuvo lugar el acto de conciliación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Tal y como anticipamos, el acto concluyó sin avenencia, porque la empresa y los sindicatos firmantes no han mostrado ninguna voluntad real de corregir los abusos cometidos. El SAMA, en este contexto, era un trámite obligado, pero jamás un espacio para una solución consensuada, porque no hay consenso posible cuando se negocia por encima y en contra de la mayoría de la plantilla.
Pero esto no se queda ahí. Hemos elevado múltiples denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la Dirección General de Trabajo, alertando sobre las cláusulas del convenio que vulneran abiertamente el Estatuto de los Trabajadores y otras normas de rango superior. Ya están llegando las primeras notificaciones de subsanación dirigidas a la empresa AVANZA, lo que confirma que nuestras denuncias están bien fundadas y que las irregularidades son más que evidentes.
Y sin embargo, a día de hoy, AVANZA no ha convocado a la comisión negociadora legítima y completa para subsanar dichas deficiencias, tal y como exige la ley. ¡Exigimos que lo haga de inmediato! Cualquier intento de imponer cambios sin la participación plena de todos los representantes sindicales legítimos será considerado nulo y fraudulento.
El convenio tal como está redactado es ILEGAL, porque contiene cláusulas que están por debajo del marco legal mínimo. En concreto, el artículo 64.b, que limita los permisos retribuidos a solo 5 dias, viola abiertamente el derecho laboral vigente y debe ser corregido para ajustarse a la ley. Asimismo, resulta inadmisible que se obligue a las trabajadoras y trabajadores a entregar el parte de baja directamente en la empresa, vulnerando su intimidad y su derecho a la protección de datos, además de generar riesgos de represalias laborales.
Pero esto es solo el principio.
Que nadie piense que vamos a dejar pasar las demás irregularidades. La Dirección de Recursos Humanos, en su arrogancia, ha ignorado reiteradamente nuestras comunicaciones oficiales, lo que ya está teniendo consecuencias jurídicas graves:
- La amnistía pactada no puede aplicarse, por haber sido mal diseñada y por carecer de los requisitos legales mínimos.
- El Plan de Igualdad que AVANZA pretende implementar también es ilegal, al no haber sido negociado con la plantilla ni cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 3/2007. Esto puede acarrear sanciones severas, y no serán los trabajadores quienes las paguen.
Los próximos días van a ser intensos.
Los tres sindicatos firmantes —y sus cómplices de la “planta noble”— tendrán que responder ante la justicia, ante la Inspección de Trabajo y, sobre todo, ante toda la plantilla que ve cómo se juega con sus derechos como si fueran fichas de dominó.
Y a quienes creen que pueden pasearse por el SAMA como si fuera un patio trasero, como hicieron los gerentes de AVANZA la semana pasada, les decimos una cosa: cada paso que dan en falso será respondido con mayor unidad, mayor movilización y mayor determinación.
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